Hoy en día una de las afirmaciones más repetidas es que los sindicatos deben financiarse únicamente con las cuotas de sus afiliados y afiliadas, sin recibir dinero del estado de ninguna de las maneras. Entre otras cosas se quiere quitar un derecho a los sindicatos que no se le quita a ninguna otra institución, el derecho a acceder a subvenciones finalistas, que son aquellas en las que el estado paga a organizaciones para que realicen acciones determinadas.
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| Ejemplo de distribución de la financiación sindical |
Si nos referimos exclusivamente a la actividad sindical, un ejemplo actual de la financiación sería el cuadro adjunto, aunque a esta hay que añadirle la financiación de los numerosos programas en los que participan los sindicatos, que han sido fuente de problemas por el presunto desvío de fondos. Como dijo Ignacio Escolar, en los sindicatos no hay un Bárcenas, más nos vale, no sobreviviríamos a ello. En las siguientes líneas se propone una forma de financiación distinta a la actual.
Hace unos meses escribí sobre la financiación sindical en mi blog, donde podéis ver los tres modelos principales que se suele tomar en la financiación sindical en occidente. En mi modesta opinión habría un modelo de financiación rápidamente adaptable a España que daría justicia al trabajo sindical y quitaría dependencia del capricho del gobierno.
Cada persona que trabaje bajo un convenio pagaría un 0,7% que se distribuiría entre los sindicatos firmantes según su representatividad en la mesa del mismo. Este porcentaje sustituiría al actual que se paga para formación. Los afiliados y las afiliadas del sindicato podrían escoger al suyo como destino de ese porcentaje, lo que sustituiría a la cuota de afiliación. Con este dinero se mantiene de sobra la estructura de los sindicatos y además se podría pagar la formación, tanto sindical como para el empleo, sin que hubiese que tocar dinero público.
De esta manera quien no quiera afiliarse no tiene porqué hacerlo, pero tampoco se beneficiará del trabajo sindical sin participar en los gastos que conlleva, además no se verá afectado el salario puesto que lo que se paga por formación es el mismo 0,7%. El resto de lo que se gasta en formación, que procede de las empresas y de la administración pública, podría ir a instituciones de formación públicas o concertadas para la formación para trabajadores/as.
Por último quiero remarcar la diferencia entre las formaciones, los sindicatos darían formación sindical (para sus delegados/as) y para el empleo (cursos para mejorar la empleabilidad) mientras que las instituciones de formación lo harían para ya empleados, con cursos específicos de adaptación a nuevas tecnologías o procesos, que mejoren las capacidades de trabajadores y trabajadoras para ejercer su puesto de trabajo.
Este modelo requiere un proceso, por supuesto, y no depende del sindicato solamente, pero creo que deberíamos ponerlo en la mesa con los demás sindicatos y alcanzar un acuerdo para luego pedirlo con fuerza al estado, dando además ejemplo de capacidad de modernización e intención de no depender de subvenciones estatales.
